La postura privilegiada del derecho a la vida a veces crea una sensación cognitiva absoluta sobre sus alcances y definiciones.
Dicho consenso conlleva una gran problemática sobre todo respecto al desfase existente entre un uso retórico del derecho a la vida por instrumentos legales y tribunales como base fundamental de otros derechos y la disposición frecuente de la vida, por parte de los órganos del Estado, sobre todo los de seguridad y de justicia.
Posteriormente se ejemplificará unos de los ámbitos en los que el derecho a la vida aparece de manera problemática, por ello, es necesario discutir el carácter de derecho a la vida y mostrar el terreno en que disputa. Un tema ya clásico debido a su gran discusión en el campo teórico, en el ámbito político y social, es la protección de la vida proyectada en la discusión sobre la penalización del aborto, prácticamente recorre el mismo camino de la conformación histórica de los derechos humanos en el Derecho Internacional.
Hace unos días, el Congreso peruano comenzó el debate sobre el proyecto de ley Nro 3839-2014-IC que plantea la despenalización del aborto en caso de violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentida, presentado por organizaciones feministas con un respaldo de 80.000 firmas de la ciudadanía, número de adhesiones superior al mínimo establecido por la Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadanos.
Actualmente, en el país, el aborto es legal solo en los casos en los que la vida de la mujer embarazada corre peligro. La norma que lo sustenta logró contar con una guía de atención para atención de aborto terapéutico en servicios de salud, tras nueve décadas de demandas de mujeres y de organizaciones, y frente a las dificultades presentadas por los vacíos al momento de la práctica médica. En el caso de Perú, el 8,4% de mujeres alguna vez unidas refiere haber sufrido violencia sexual. Si bien se reconocen los subregistros, según cifras del Ministerio Público (2013) en promedio se registran 49 denuncias diarias de violación sexual. Más del 90% de las víctimas de delitos contra la libertad sexual son mujeres y las edades más vulnerables en casos de violación sexual están entre 14 y 17 años de edad). A estos datos se suman que 90 de cada 100 embarazos de niñas son consecuencia de actos incestuosos, y 34 de cada 100 adolescentes embarazadas como consecuencia de una violación sexual, se suicidaron cuando se enteraron que estaban en gestación por causa de una violación, campaña déjala decidir.
La actual coyuntura abrió la posibilidad de debatir una vez más sobre la despenalización del aborto en diferentes espacios, no solamente con el Estado sino también con diferentes actores de la sociedad civil. El presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República anunció que evaluara junto a especialistas, representantes de los colegios Médico del Perú y de Abogados de Lima, de los ministerios de Salud y de Justicia, y representantes de organizaciones para que vayan exponiendo sus posiciones frente al tema a los representantes de la Comisión.
Por lo tanto, el derecho a la vida no se le privar a ningún ser humano, pero si hablamos de un embarazo producto de una violación sexual mi postura es que estoy a favor del aborto ya que sería una alternativa para la Madre ya que ella sufrirá el daño psicológico y social , una mujer obligada a continuar con un embarazo producto de una violación sexual implica que se continúe la violencia sobre dicha mujer y la maternidad no se puede obligar a nadie cada quien es libre de decidir.(ARGUMENTO DE HECHO)
